La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) anunció este miércoles que acudiría a los tribunales de la República mediante una acción de amparo colectivo, en caso de que los centros privados de salud suspendieran la atención a los afiliados como consecuencia de su diferendo con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Defensa del derecho a la salud
El director general de la DIDA, Elías Báez, afirmó que la institución actuaría de inmediato para salvaguardar el derecho a la salud de los afiliados, recordando que el acceso oportuno, continuo y sin interrupciones a los servicios sanitarios es un derecho fundamental protegido por la Constitución de la República, la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y la Ley General de Salud No. 42-01.
“Los conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud no pueden resolverse en detrimento de los afiliados. Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual entre las partes puede poner en riesgo la salud de la población”, enfatizó Báez en un comunicado.
Reconocimiento a los prestadores
El funcionario reconoció que los prestadores de servicios médicos tenían legítimo derecho a plantear y defender sus reclamaciones, pero subrayó que para ello existían mecanismos legales e institucionales que permitían dirimir esas controversias sin interrumpir la atención médica que reciben los afiliados.
Recursos del sistema
Báez recordó que las ARS administraban recursos destinados exclusivamente a las prestaciones del Seguro Familiar de Salud, por lo que esos fondos debían garantizar el acceso efectivo al Plan de Servicios de Salud (PDSS) y no podían verse comprometidos por disputas entre los actores del sistema.
Vigilancia permanente
La DIDA informó que mantenía una vigilancia permanente sobre la situación y que ejercería todas las acciones legales y constitucionales necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y la protección de los afiliados.
La institución reiteró que sus canales de orientación y asistencia permanecían disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender cualquier consulta o denuncia de los ciudadanos.
“La misión de la DIDA es defender a los afiliados y velar por que reciban las prestaciones que les garantiza la ley. Ante cualquier medida que limite o interrumpa el acceso a los servicios de salud, actuaremos con la firmeza que exige la protección de ese derecho fundamental”, concluyó Báez.