El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, reafirmó su confianza en la justicia, el debido proceso y el principio constitucional de presunción de inocencia, luego de que el Ministerio Público y los abogados del Estado recurrieran el auto de no ha lugar emitido a su favor por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
A través de una declaración pública, Peralta sostuvo que la decisión de apelar una sentencia que, según afirmó, evidenció la ausencia de pruebas en su contra, responde a un interés de mantener una narrativa de descalificación política y no a criterios jurídicos.
«Creemos en la justicia, en el respeto sagrado al debido proceso y en el principio constitucional de la presunción de inocencia. Por esta razón, ante el intento de mantener vivo un relato falso y fabricado, he decidido llevar la verdad ante la opinión pública», expresó.
El exfuncionario anunció que en los próximos días presentará documentos, evidencias y otros elementos que, a su juicio, demostrarán cómo fue construido el expediente en su contra.
Peralta aseguró que, tras más de tres años de investigaciones, un tribunal concluyó que las acusaciones carecen de sustento y que no existe un solo elemento que genere una duda razonable sobre su actuación.
«Un recurso legal no puede cambiar la realidad: un tribunal confirmó que la acusación en mi contra carece de fundamento», manifestó.
Asimismo, indicó que siempre estuvo dispuesto a enfrentar el proceso judicial con apego a las garantías del debido proceso, aunque advirtió que cuando la justicia es utilizada con fines de persecución política, el silencio deja de ser una opción.
El exministro afirmó que durante la investigación no se pudo establecer ningún vínculo entre su gestión al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia y las presuntas irregularidades que originaron el proceso.
«Simplemente, nunca existieron elementos que sustentaran tal acusación», sostuvo.
También lamentó lo que calificó como un uso político del sistema de justicia, al considerar que esa práctica representa una distorsión institucional.
Finalmente, explicó que decidió pronunciarse públicamente para defender su nombre, el de su familia y reafirmar su compromiso con la institucionalidad y la transparencia.
«Seguiré dando la cara, con la frente en alto y con la convicción de que la verdad terminará imponiéndose por encima de cualquier agenda política», concluyó.